Tras la suspensión judicial por seis meses, el gremio de trabajadores viales solicitó al Congreso que rechace el DNU que eliminó la Dirección Nacional de Vialidad y otros entes clave.
Luego de que la Justicia suspendiera por seis meses el decreto presidencial que disponía la disolución de organismos clave de Vialidad Nacional, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó este miércoles un pedido formal al Congreso para que se derogue dicha normativa.
La solicitud fue dirigida al diputado Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, y apunta contra el Decreto 461/25, que ordenaba el cierre de tres entes fundamentales: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
"El decreto se basa en informes apócrifos del Ministerio de Desregulación y no aclara quién o quiénes asumirán las funciones esenciales que hoy realiza la DNV", expresó el gremio que conduce Graciela Aleñá, en el documento presentado ante el Congreso.
En ese sentido, el STVyARA advirtió que las únicas tareas mencionadas en el decreto se limitan a la vigilancia en materia de seguridad vial, la creación de una agencia de control de concesiones y el traspaso de los bienes muebles e inmuebles al ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sin especificar quién continuará las tareas operativas y técnicas que hoy lleva adelante Vialidad Nacional.
"El cierre del organismo, lejos de lograr una mejora en el funcionamiento del Estado, representa un grave perjuicio para la infraestructura nacional, la integración territorial y la noción misma de patria", agregó el gremio en su presentación.
La Comisión Bicameral Permanente es la encargada de analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo, y puede rechazarlos si ambas cámaras del Congreso los desaprueban.
Cabe recordar que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 fue el que dispuso la suspensión del decreto por seis meses, al hacer lugar a una medida cautelar presentada contra la iniciativa del Gobierno. No obstante, el Poder Ejecutivo ya anunció que apelará el fallo judicial.
