El Gobierno reconoce que su proyecto de reforma laboral enfrenta resistencias en el Senado, donde bloques opositores y sectores sindicales analizan los cambios propuestos. Las definiciones serán clave también para provincias como Catamarca, donde el impacto en el empleo y en las relaciones laborales será directo.
El Gobierno presentó el proyecto de reforma laboral que busca tratar en sesiones extraordinarias y admitió que existen puntos centrales que podrían generar fricciones con la oposición en el Senado. Desde La Libertad Avanza señalaron que el documento podría sufrir modificaciones si avanza hacia la media sanción.
"Hay puntos conflictivos que habrá que ver si pasan o no", indicaron fuentes del oficialismo, que reconocen que parte del articulado deberá negociarse.
Los dirigentes que impulsaron la redacción final del proyecto son Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Julio Cordero. Serán actores clave para ordenar la negociación parlamentaria y garantizar un resultado favorable para la Casa Rosada.
Sin embargo, en el oficialismo ya anticipan obstáculos. No sólo por el rechazo de la CGT, que convocó a una movilización para el 18 de diciembre, sino también por las definiciones de los espacios más opositores a Javier Milei.
En provincias como Catamarca, la postura sindical y las repercusiones en el empleo formal también son seguidas de cerca.
Según pudo reconstruirse, todos los bloques del Senado comenzaron a analizar en detalle la denominada "modernización laboral". Algunos esperan presentar un análisis más profundo en los próximos días, mientras que otros ya expresaron críticas a los cambios propuestos, que según especialistas consultados implican modificaciones sustanciales en aspectos individuales y colectivos del trabajo.
En el caso de la UCR, el bloque continúa revisando el texto completo, aunque recuerdan que en instancias anteriores habían planteado reformas más duras hacia el sector sindical, medidas que finalmente no fueron incorporadas. Por ello, no descartan sugerencias o ajustes durante el debate.
Un ejemplo es la discusión sobre la eliminación de la cuota solidaria. Sturzenegger y Bullrich impulsaban suprimirla, pero otros funcionarios consideraron que no era estratégico aumentar el conflicto con los gremios hacia fin de año, además de que su eliminación no impactaría directamente en la creación de empleo.
Desde espacios como el socialismo y el kirchnerismo también advirtieron que existen capítulos sensibles dentro de la reforma.
Entre los puntos más polémicos figuran:
Respecto a las indemnizaciones y al FAL, la propuesta oficial busca que el sector privado disponga de un sistema con beneficios fiscales, financiado por una contribución obligatoria del 3% del salario de cada trabajador. El monto se depositaría en una cuenta individual e inembargable destinada a cubrir despidos, preaviso, integración y otras indemnizaciones previstas por ley.
En cuanto al banco de horas, el proyecto habilita acuerdos voluntarios para compensar horas extraordinarias, respetando los descansos legales y garantizando la protección del trabajador.
La oposición rechaza varios de estos puntos, aunque otros bloques dialoguistas en la Cámara Alta estarían dispuestos a acompañar parte o la totalidad de las medidas.
Otro elemento conflictivo radica en la regulación del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales. Legisladores que participarán del debate señalaron que no se elimina el derecho, sino que se limita el nivel de prestación mínima para asegurar servicios básicos como transporte, salud y educación.
De consolidarse estos respaldos, el Gobierno podría reunir los votos necesarios para frenar cambios opositores y avanzar con la mayor parte del proyecto original. "Siempre algún cambio va a haber, normal", resumió una fuente parlamentaria involucrada en las negociaciones.
